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El Concierto Económico, ese extraño privilegio



UNO, que estudió hace ya algunos quinquenios en Sarriko, y no precisamente música, tuvo la ocurrencia de hacer un trabajo sobre El Concierto Económico. Era a finales de los años 70 (Franco había fallecido poco tiempo antes) y en Bizkaia y Gipuzkoa teníamos desde los tiempos de la guerra incivil (como la llamaba Unamuno) derogado el Concierto por ser consideradas las susodichas provincias (así se les llamaba entonces) como “traidoras”. El enfoque del trabajo fue, entre otras cuestiones, comenzar reconociendo con cierta ironía -así igual no me lo tiraban a la cara- que el Concierto efectivamente era un “privilegio”. La razón, y así se indicaba, no era por dar carnaza al adversario sino por argumentar que al ser “privilegio” etimológicamente un término que procede del latín privilegium podría entenderse como “ley privada”. De facto así le parecía a un estudiante adolescente de entonces en su aplicación restrictiva para Araba (y por extensión también para Nafarroa, dónde perduraba la equivalencia del Concierto denominada Convenio).

Espero que no se me enfade mucho Pedro Luis Uriarte Santamarina, defensor acérrimo del Concierto, líder de la Comunidad del Concierto-Gure Kontzertua (a la que tengo el gusto de pertenecer) de defensores del mismo, negociador desde nuestra barrera del Concierto pactado en 1981 siendo consejero de Economía en el gobierno de Garaikoetxea, en cuya área estadística (embrión del futuro Eustat) tuve el honor de participar. Y lo digo porque Uriarte precisamente considera que lo del “privilegio” es la reina de las críticas al Concierto ya que, según la RAE, “privilegio” se define como “exención de una obligación”.Y resulta que en este caso no es así por varios motivos, como bien señala el propio Pedro Luis Uriarte en su libro Nuestro Concierto: claves para entenderlo que esta, por cierto, en la página web www.elconciertoeconomico.com a libre disposición del que lo quiera ver, leer o descargar. Primero, porque no es ninguna exención de una obligación, sino la obligación de pagar el Cupo, es decir, la cantidad que abona la CAV al Estado para el sostenimiento de las competencias no transferidas, tales como Asuntos Exteriores, Defensa, Casa Real, Fondo de Compensación Interterritorial, Deuda Pública, Prisiones y gestión de Seguridad Social, estando estas dos últimas olvidadas de transferirse. Y el Cupo a pagar se establece en base a los gastos del Estado y no en base a la recaudación propia, con lo que asumimos el riesgo de recaudación; si bien una vez pagado el Cupo los crecimientos en la recaudación se quedan aquí. En segundo lugar, conviene recordar que fue implantado manu militari (implantada la ley marcial, disueltas las Juntas Generales y Diputaciones y ocupado militarmente el País Vasco) por el gobierno central tras la tercera Guerra Carlista, en el año 1878 con idea de “castigar” a las Provincias Vascongadas. Ya lo dijo el entonces presidente del gobierno central, Cánovas del Castillo: “Cuando la fuerza causa Estado, la fuerza es el derecho”. Por tanto, tengo que reconocer ¡hasta yo mismo! cuarenta años después de tener la osadía de presentar aquel trabajo en la universidad, que es una excepción, un hecho diferencial, pero no un privilegio. José Antonio Aguirre señalaba que somos un país pequeño en el que nos gusta que el pueblo y su administración (es decir, sus servidores) estén cerca.

Nos convendría a los de casa saber que los fueros vascos (usos y costumbres con origen muy remoto y derogados en 1876), con su pase foral, la hidalguía universal, la exención del servicio militar y nuestro peculiar poder político, son los antecedentes del Concierto; que viene a ser asumir un régimen económico propio, no es soberanía política, no es aspiración a la estatalidad, pero si es en buena medida soberanía económica; que con lo que se recauda, tras abonar al Estado el Cupo, financiamos nuestras necesidades: educación, sanidad, infraestructuras, cultura... y somos beneficiados todos, sobre todo los más necesitados. Por otra parte, el porcentaje de contribución, que es del 6,24% está fijado sin cambiar desde 1981 y no por criterio de población (la carga hubiera sido menor) sino de PIB.

Hoy en día hay algunos ciudadanos, afortunadamente minoritarios por estos lares, siguen con la matraca del “privilegio”. Y es que todos sabemos que en nombre de aparentemente nobles principios se pueden proponer y realizar tropelías e injusticias sin límite. Decía Unamuno que los vascos hemos sido mudos y no nos hemos atrevido a narrar nuestra intrahistoria y así Elías Amezaga apuntaba que donde nosotros decimos pacto otros escriben privilegio y donde reconocemos un convenio otros niegan su real y autentico alcance, su nombre mismo. Por tanto es un régimen histórico, pactado, legal, estatutario, constitucional, solidario y de riesgo unilateral. Es el mínimo común denominador de la sociedad vasca. Basado en criterio de capacidad, no de necesidad. Una curiosidad: en 1980, la Generalitat catalana rechaza la posibilidad de tener Concierto Económico y seguramente la reivindicación soberanista catalana no existiría si hoy en día lo tuvieran. Otra curiosidad: aunque pudiese ser exportable, en 2000 ninguna de las comunidades autónomas de régimen común quería cambiar a un modelo de Cupo (se vive mejor sin riesgo unilateral). ¡Menudo privilegio tan poco apreciado! Para los que quieran aspirar a mayores cotas de autogobierno, la libertad política debe sustentarse en la independencia económica, con todos los matices para lo que hoy en día, estados centenarios incluidos, se puede pretender. Para los que se sientan a gusto con las cotas autonómicas actuales, es un seguro de funcionamiento eficaz y de cercanía del poder económico al pueblo. En definitiva, el Concierto Económico (y por mimetismo el Convenio Navarro) es el pilar real en el que se sustenta nuestro actual autogobierno.

Mikel Etxebarria Dobaran.
Publicado en Deia el 13 de marzo de 2,016
http://www.deia.eus/2016/03/13/opinion/tribuna-abierta/el-concierto-economico-ese-extrano-privilegio

Seguidamente interesante artículo publicado en el correo el 25 de mayo de 2,017

Este de hoy es uno de esos trabajos que producen melancolía, dada su inutilidad. En efecto, el fracaso está garantizado cuando se trata de refutar, o simplemente de matizar, la convicción general de que el Concierto vasco es un privilegio intolerable. Si ha tenido la paciencia de seguir el debate suscitado alrededor del acuerdo entre el Gobierno central y el vasco habrá comprobado la indignación de muchos que han visto en él un abuso de los nacionalistas y una cesión timorata del Gobierno. Voy a separar temas que son diferentes y se han mezclado, embarullándolo todo. Porque una cosa es el sistema del Concierto, otra el cálculo del Cupo y una tercera el acuerdo presupuestario.
Vayamos con el primero. El Concierto se «impuso» a las provincias vascas hace 139 años. ¿Cómo ha podido subsistir, bajo todo tipo de gobiernos y regímenes un privilegio impuesto, curiosamente, por los liberales vencedores a los carlistas perdedores de la guerra? Franco lo retiró, pero solo a Vizcaya y Guipúzcoa y no lo justificó como una lucha contra el privilegio, sino como un castigo por la connivencia, que fue parcial, con la República. Desde entonces, ha recibido más de cuatrocientas sentencias –del Tribunal Superior de la UE hacia abajo–, que lo han respetado. ¿Respetaron un privilegio?
Más críticas. Una, que es un privilegio porque nadie lo tiene. Cierto, algunos no lo quisieron en su día, como los catalanes, y otros nunca lo han querido. ¿De quién es la culpa? Otra, es un privilegio porque no se puede extender a todas las comunidades. Falso. El centro del sistema es que el País Vasco recauda, financia sus competencias y paga al Estado las prestadas por él. Si el pago, el famoso cupo, está bien calculado, no existe ningún privilegio. Y si se le añade el necesario elemento de solidaridad, se puede extrapolar a todas las CC.AA.
Pasemos al Cupo, cuya determinación es un arcano envuelto en un misterio que nadie entiende ni explica. La crítica más eficaz es la sobrefinanciación que surge al comparar el gasto público per cápita en el País Vasco con el resto. Pero aquí se ignoran varias cuestiones. Los vascos disfrutamos de una renta más elevada que la media y padecemos una mayor presión fiscal. El marginal del IRPF en Madrid es del 43,5% y en el País Vasco llega al 65% tras su cruce con el Impuesto de Patrimonio, un «privilegio», éste sí, que los madrileños no disfrutan. Por su parte, el tipo del Impuesto sobre Sociedades es 3 puntos porcentuales superior al común.
Tipos impositivos más elevados, aplicados sobre bases imponibles más altas dan como resultado inexorable unas recaudaciones mayores, en un hábitat con menor peso de la economía sumergida y menos corrupción pública. ¿Es eso un privilegio y si lo es, quién lo ha concedido? Siempre se dice que el País Vasco es un «paraíso fiscal». Sin embargo, ¿cómo es posible que sean muchos los contribuyentes vascos que se trasladan a Madrid, con ETA ya desaparecida? ¿Cuál es la razón que explica el sorprendente hecho de que ninguna de las 2.272 sicav existentes en abril de 2017 tengan su sede social en el País Vasco, que cuenta con una Bolsa en Bilbao desde 1890? ¿Tiene sentido huir del paraíso fiscal vasco para aterrizar en el infierno fiscal madrileño? Solo si los vascos somos bobos. Algo que quizás no habría que descartar, pero que cuesta admitir.
Luego se olvidan algunas «nimiedades» de importancia. Se olvida que el sistema impone una corresponsabilidad fiscal que a nadie más se exige. Si no ingresa, no gasta. Así de simple, así de sencillo. Una circunstancia –esta de gastar cada uno de lo suyo–, que dificulta el despilfarro en el gasto.
Se olvida que los vascos contribuimos al Estado por PIB (el 6,24%) y no por población (somos el 4,66%) lo que implica un elevado nivel de solidaridad. Máxime cuando desde el 2000 hasta la fecha, el INE asegura que tan sólo en 2001 superamos la barrera pactada del 6,24% y en todos los demás ha supuesto un porcentaje menor del conjunto. Y se olvida también que contribuimos con ese 6,24% al Fondo de Compensación Interterritorial que fija el Gobierno central, aprueba el Congreso y nadie discute.
Por último el acuerdo. Solo tres cosas. Una, contrariamente a lo que se dice, aquí no ha habido ningún regalo, sino un arreglo de una antigua discrepancia, dado que las cantidades que supuestamente se deben y se condonan no estaban acordadas entre las partes. Dos, el AVE llegará al País Vasco en 2023. Si eso es un privilegio, ¿qué es el que Sevilla lo tenga desde 1992? Un AVE a Sevilla, por cierto, del que los vascos pagamos nuestro correspondiente 6,24%. Tres, ¿cuánto vale la estabilidad del Gobierno central? ¿Preferiría usted que estuvieran al frente Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Gabriel Rufián? ¿De quién es la culpa de su inestabilidad?
Termino. Seguro que no le he convencido. ¿Le he hecho dudar? Si es así, me conformo.


Ignacio Marco-Gardoqui, economista.

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