Me he animado a escribir este artículo, porque siendo ahora
pensionista, estoy un poco hasta el gorro que continuamente informes oficiales
y extraoficiales, apoyados por un coro de replicantes opinadores que les hacen
eco, insistentemente comunican, que el montante del importe de las pensiones
públicas ha batido nuevamente un récord y que el asunto es insostenible. Y con
este perturbador enfoque logran dar carnaza al enfrentamiento intergeneracional,
ya que insinúan sin muchos miramientos, que como estamos en una especie de
juego de suma cero, lo que nos llevamos los mayores se lo quitamos a los
jóvenes.
Las pensiones contributivas se devengan en función de los años
cotizados y del importe de la cotización; es decir, se cobra a lo que se tiene
derecho y son financiadas con las cotizaciones sociales de trabajadores y
empresas. Por otra parte, las pensiones no contributivas son para situaciones
especiales y en base a la solidaridad del Estado de Bienestar y se financian a
través de los impuestos.
El sistema que tenemos es de reparto; es decir lo que uno
cotiza no se le guarda en una cuenta y cuando termina su vida laboral se le
abona, sino que contribuye a pagar las pensiones de ese momento y cuando uno es
pensionista son los trabajadores en activo y las empresas las que cotizan al
sistema. Existen otras posibilidades, como la llamada mochila austríaca, en la
que uno recupera lo que ha invertido; como ocurre con las EPSVs vascas, o los
planes privados de pensiones; si bien es cierto que lo que uno recupera es en
lo que se hayan convertido las aportaciones que haya realizado (incluyendo
rentabilidades y comisiones).
Las pensiones son un derecho generado, no un regalo ni un
privilegio; son fruto de un pacto intergeneracional basado en la justicia. Los
pensionistas, tras cotizar durante décadas, pagamos impuestos; exactamente
tenemos la misma retención fiscal que si fueran rentas del trabajo.
Contribuimos al consumo, al desarrollo de la economía y a la creación y al
mantenimiento de puestos de trabajo. La mayoría ayudamos a los hijos (en su
formación, en su desarrollo vital, en sus hipotecas...) y al cuidado de
nuestros nietos. Además, participamos en causas solidarias y en labores de
voluntariado a través de asociaciones y organizaciones de todo tipo.
Tuvimos también en nuestros inicios empleos precarios,
no somos responsables de los sueldos de miseria que en muchos casos tienen los
jóvenes actuales. Sufrimos tipos de interés de dos dígitos en
hipotecas, y tampoco somos responsables de que el acceso a una vivienda digna sea
un simple desiderátum constitucional.
Los informes mencionados sobre las pensiones, que da la
impresión de que responden a intereses espurios, y su replicación en opiniones
sesgadas, son recurrentes y la verdad es que aportan muy poca luz. Si cada vez
somos más pensionistas por la evolución de la pirámide poblacional, es lógico
que el montante de las pensiones sea mayor. Si los que se jubilan ahora
devengan mayor pensión porque han contribuido en mayor cuantía o en mayor
tiempo es lógico que el importe suba. Parece que a algunos les encanta meter
miedo a la juventud apelando a que el Estado, cuando a ellos les toque, no podrá afrontarlo. Cuando lo que hay que conseguir es un modelo laboral y
fiscal adaptado a una sociedad longeva.
Por otra parte, se ven pocos informes – y, por tanto, pocos
replicantes opinadores- sobre las diferencias de renta cada vez mayores entre
los trabajadores. Pocos Informes sobre la razón de por qué el abanico salarial
(incluyendo todo tipo de prebendas) dentro de cada empresa entre los mayores y
menores sueldos alcanza, en muchos casos, diferencias abismales. Eso sí que
mina los cimientos de una sociedad decente y democrática porque ensancha los
extremos, minora la clase media y hace brotar el desencanto y los populismos. Tampoco
son tan recurrentes los informes sobre la evasión fiscal, el empleo precario o
el desempleo juvenil, auténticas lacras económicas y morales de un Estado
moderno.
Sugiero a los autores de los Informes mencionados y a sus
seguidores opinadores, que cuando les toque, dado que seguramente dispondrán de
fuentes alternativas de financiación, pueden renunciar a la pensión, que es un derecho,
pero no una obligación, y, así, contribuyendo a no despilfarrar recursos
públicos – siguiendo su fino argumentario-, podrán ser coherentes con sus
opiniones. Los que no podemos renunciar a las pensiones se lo agradeceremos en
el alma.
Los jóvenes y los mayores estamos en el mismo barco y apelamos
a un futuro, unos con más tiempo que otros, de ilusión y de esperanza. No
dejemos que, los que en el fondo pretenden recortar derechos sociales, nos enfrenten.
Mikel Etxebarria Dobaran
Publicado en El Correo y diarios del Grupo Vocento el 4 de junio de 2025
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